- ADEMÁS, SE DEBERÁ APLICAR EN LO REFERENTE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FAMILIARES
Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que modifica disposiciones del Código Familiar del Estado y de la Ley de las Personas Adultas Mayores, para establecer la definición jurídica de la «Perspectiva de Persona Adulta Mayor», de conformidad con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se establece que esta reforma dota de identidad a dicho concepto para que sea aplicado en dos vertientes esenciales: la primera se refiere al proceso de creación y dictaminación de leyes por parte del Congreso del Estado y la planeación y diseño de políticas públicas a cargo del Poder Ejecutivo Estatal y la segunda, atiende la resolución de controversias familiares.
En todo proceso familiar donde intervenga una persona adulta mayor, la autoridad de conocimiento estará obligada a juzgar con Perspectiva de Persona Adulta Mayor, entendiendo por ello, el enfoque especializado, diferenciado, integral y transversal que exige situar a la persona en su contexto particular y evitar decisiones sustentadas en estereotipos asociados a la edad, reconociendo que existen múltiples formas de envejecimiento determinadas por factores económicos, sociales, culturales, de género, salud y redes de apoyo.
En la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, se incorpora además en la definición de “Perspectiva de Persona Adulta Mayor”, que las autoridades deberán establecer una metodología al diseñar o aplicar políticas públicas, que identifiquen las condiciones particulares derivadas de la edad, el envejecimiento, la dependencia, la discapacidad, el género, el entorno social y económico, evitando que la edad se convierta en motivo de discriminación.
Incluye como obligaciones del Congreso del Estado, que en el diseño y dictaminación de leyes, decretos y resoluciones que afecten directamente a este sector, se realice bajo la Perspectiva de Persona Adulta Mayor, a fin de evitar la instauración de barreras normativas u omisiones que obstaculicen el ejercicio de sus derechos.
Y como parte de las obligaciones del Ejecutivo del Estado, el establecer e instrumentar, bajo la Perspectiva de Persona Adulta Mayor, los programas del Plan Estatal de Desarrollo relativos a la atención, desarrollo e inclusión de este sector poblacional.
