- Por: Isabel Segura
El diputado local Carlos Arreola lanzó un llamado para que el Ayuntamiento de San Luis Potosí aclare y solvente todas las observaciones detectadas en las auditorías financieras, al advertir que desde el Congreso del Estado no habrá tolerancia frente a posibles desvíos o usos indebidos de recursos públicos.
El legislador enfatizó que el proceso de fiscalización aún está en curso, pero dejó en claro que los gobiernos municipales, especialmente los emanados del PRI, serán revisados minuciosamente debido a los antecedentes de opacidad y malos manejos.
“Vamos a revisar con lupa. Ya no nos la sabemos, ya sabemos cómo gobierna el PRI. Es dinero de las potosinas y los potosinos y tiene que explicarse peso por peso”, afirmó.
Arreola explicó que se ha pedido a la Comisión de Vigilancia y al Instituto de Fiscalización Superior del Estado mantener informada a la Legislatura sobre el avance en el desahogo de observaciones, ya que aunque existe un plazo legal para solventarlas, el Congreso analizará con detenimiento qué gastos realmente logran justificarse.
Uno de los puntos más delicados, señaló, es el presunto uso de recursos públicos para financiar medios digitales, portales y perfiles en redes sociales que operan como instrumentos de campañas negras, atacando de manera sistemática a rivales políticos, instituciones y al propio Congreso del Estado.
“Los que tienen los convenios más altos con el ayuntamiento son los que diario golpean al Congreso. Eso no puede seguir ocurriendo”, denunció.
El diputado sostuvo que, de confirmarse irregularidades, las sanciones deben aplicarse sin titubeos, ya que no puede haber impunidad para quienes no transparentan el manejo del erario, y reiteró que este principio debe marcar la diferencia en la actual etapa política del país.
Por último, Carlos Arreola recalcó que los ayuntamientos no pueden seguir utilizando el dinero público como herramienta de control político o propaganda, y que el Congreso vigilará que el gobierno capitalino entregue finanzas claras y en orden, en beneficio de la ciudadanía y no de intereses partidistas.
