- Por: Isabel Segura
Tras algunos días de indignación y movilizaciones por parte de la comunidad universitaria, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Santiago “N”, uno de los presuntos agresores de la estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
La fiscal general, Manuela García Cázares, informó que el detenido fue aprehendido la madrugada de este martes y será presentado ante un juez por el delito de violación específica agravada, con una sanción que podría alcanzar de ocho a 20 años de prisión.
Durante su comparecencia ante medios, García Cázares reconoció la valentía de la joven de 18 años que decidió denunciar los hechos, ocurridos el 17 de octubre en las instalaciones de la Federación Universitaria Potosina.
“Agradecemos la fortaleza de la víctima y el apoyo de su familia. La Fiscalía no dejará impune este caso; la justicia debe prevalecer”, expresó.
La titular de la FGE detalló que, según la investigación, la víctima convivía con tres jóvenes —dos alumnos de Derecho y un hombre externo— cuando fue agredida sexualmente.
Una estudiante que advirtió la situación dio aviso a los directivos de la facultad, quienes acudieron al sitio y trasladaron a la víctima.
El sábado posterior a los hechos, la joven presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía de la Mujer, lo que permitió iniciar los peritajes correspondientes y las diligencias que derivaron en la detención del presunto responsable.
De acuerdo con la fiscal, los otros dos implicados ya están identificados —uno de ellos menor de edad— y las órdenes de aprehensión podrían ejecutarse en las próximas horas.
El caso ha provocado una ola de protestas dentro de la UASLP, donde estudiantes de diversas facultades han exigido la renuncia del rector Alejandro Zermeño Guerra, así como la depuración de docentes y funcionarios señalados de encubrir casos de acoso o abuso.
García Cázares reiteró que el trabajo ministerial continúa con perspectiva de género y bajo la premisa de “cero tolerancia a la violencia sexual”, garantizando el respeto a los derechos de la víctima y de los imputados.
