- Por: Isabel Segura
En una comparecencia extensa, la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, presentó ante la actual Legislatura su informe anual de labores, defendiendo el trabajo de la Fiscalía con un mensaje centrado en la reducción de delitos, la profesionalización institucional y los avances científicos en investigación criminal.
Uno de los puntos que más énfasis recibió fue la disminución de delitos de alto impacto. De acuerdo con la fiscal, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a San Luis Potosí en una tendencia a la baja.
El homicidio doloso se redujo en 47.75% respecto a 2024, y en noviembre de 2025 el estado registró nueve casos, número muy por debajo de la media nacional de 54.5. También destacó una caída del 37% en robo de vehículos.
García Cázares informó que la institución creció con 80 nuevos elementos, entre ellos 40 agentes fiscales, más de 30 policías de investigación y dos peritos, permitiendo investigaciones más especializadas y ágiles.
Durante este año, la Fiscalía inició 7,825 carpetas por delitos contra la salud, un crecimiento del 61% respecto al año anterior. Las vinculaciones a proceso casi se duplicaron: 4,653, frente a 2,389 del periodo previo.
Con apoyo de algunas corporaciones, se logró la detención de 410 generadores de violencia en la zona metropolitana. Entre los resultados destaca que lograron asegurar 65 kg de marihuana, 734 g de metanfetamina, 726 g de cocaína, armas de fuego y granadas.
En septiembre se firmó un convenio entre la Fiscalía, la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal de Búsqueda para fortalecer las capacidades científicas.
Otro convenio, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, permitió enviar muestras óseas a Alemania, tras los análisis genéticos, se obtuvieron 10 coincidencias con perfiles de familiares.
La Fiscalía Especializada celebró 2,370 audiencias en casos de violencia familiar y sexual; judicializó 746 carpetas, un aumento del 23%.
Las medidas de protección crecieron 7%, alcanzando 5,280, con acciones como la prohibición de acercamiento o la separación del agresor del domicilio.
