Con el fin de clarificar la obligación constitucional del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, para otorgar seguridad social a sus trabajadores, y regular las retenciones salariales realizadas con ese propósito, el diputado José Antonio Lorca Valle propuso en Sesión Ordinaria iniciativa que busca adicionar nueva fracción IX, y reformar la fracción IX del artículo 51 de y a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
De esta manera, se propone que “las instituciones públicas de gobierno en sus relaciones laborales, están obligadas a garantizar que la totalidad de los trabajadores tengan los beneficios de la seguridad social, para lo cual podrá celebrar los convenios aplicables, y para ese fin cubrir las demás aportaciones que según las leyes de la materia correspondan y las convenidas con los sindicatos respectivos”.
El legislador destacó que “el contar con un marco legal que ofrezca claridad y certidumbre en un aspecto esencial como la seguridad social es de gran importancia para el cumplimiento del deber de las instituciones de gobierno con sus trabajadores”.
Agregó que las instituciones públicas no están exentas de cumplir con el deber de la seguridad social frente a sus trabajadores, ya que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece y se regula la seguridad social entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores.
La Ley del Seguro Social, ha causado diferentes perspectivas en los municipios y estados. Existiendo un precedente del año 2019, sobre la normativa, donde se indica que se puede realizar por medio de convenios con las diferentes instituciones de seguridad social existentes.
“Los municipios y las entidades deben garantizar tal derecho para sus trabajadores, mientras que las legislaturas locales tienen la libertad para regular las modalidades en que debe prestarse la seguridad social”.
El legislador señaló que su iniciativa contempla la existencia de un organismo especializado en pensiones, distinguiendo a la regulación local; completar de manera clara lo referente a las aportaciones de los trabajadores para la seguridad social, por ser un elemento que se indica en las normas federales, tal y como es el caso de la Ley del Seguro Social. Por último; y la obligación de las instituciones de gobierno, de garantizar que sus trabajadores cuenten con el beneficio de seguridad social.
La iniciativa se turnó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social para su análisis.
