- SE INTEGRAN ACCIONES EN MATERIA DE INCLUSIÓN SUSTANTIVA Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIAS: DIP. CUAUHTLI BADILLO MORENO
Para armonizar la legislación estatal con las disposiciones federales en materia de inclusión sustantiva y erradicación de violencias, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, propuso reformas a diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.
Manifestó que la reforma federal representa un cambio de paradigma en la protección del derecho a la educación, en materia de inclusión y perspectiva de género, situación que debe ser homologada en nuestra legislación estatal.
De esta manera, se propone modificar el artículo 12 de la Ley estatal, para que la educación en nuestro Estado sea obligatoriamente inclusiva, pero bajo una perspectiva de género y de derechos humanos.
El cambio es trascendental: se reconoce por primera vez que la violencia es una de las «condiciones estructurales» que actúan como barrera para el aprendizaje, obligando al sistema educativo a eliminarla para garantizar la participación plena de los educandos.
En cuanto a diversidad y derechos, se propone reforma el artículo 107 de la Ley de Educación del Estado, para sustituir términos ambiguos como «preferencia sexual» por «orientación sexual» y «aspectos de género» por «estereotipos de género».
Esta precisión técnica es vital, pues reconoce que los prejuicios y estereotipos son los que realmente constituyen barreras para acceder a los servicios educativos, y no la condición de la persona en sí misma.
Además, establece acciones afirmativas y prevención de la deserción escolar, ya que se dota de nuevas facultades y obligaciones a las autoridades educativas estatales y municipales en el mismo artículo 107, al integrar la obligatoriedad de implementar políticas con enfoque diferenciado y perspectiva de género para la prevención de la deserción escolar.
Esta adición pone especial énfasis en la protección de mujeres, adolescentes, niñas y niños, asegurando que el apoyo económico y las becas no sean solo entregas monetarias, sino parte de una política transversal de permanencia escolar.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Derechos Humanos.
