- EL DOCUMENTO SERÁ TURNADO A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA PARA SU ANÁLISIS
La diputada María Antonia Castro Castañeda, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado recibió el segundo informe trimestral 2026 de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), por parte del comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso y la comisionada numeraria Ana Cristina García Nales.
La legisladora señaló que de esta manera se da cumplimiento a lo establecido en la ley en la materia, por lo que el documento será turnado a las y los integrantes de la comisión legislativa para su análisis, ya que contiene toda la información detallada de lo que ha hecho el órgano garante, en los últimos tres meses.
El comisionado Navarro Alviso señaló que el informe se puede consultar de manera electrónica en la página oficial de la CEGAIP, en la Plataforma Estatal de Transparencia y reporta 1,100 solicitudes de información principalmente dirigidas al Poder Ejecutivo del Estado, que son 443, por el gran tamaño de dependencias que tiene.
A los ayuntamientos del estado 334 y a los organismos autónomos han llegado 137 solicitudes de información, que son atendidas directamente en una primera instancia por parte de los propios sujetos obligados. Se recibieron 206 recursos de revisión, la mayoría de ellos admitidos por lo que están en el procedimiento respectivo.
Agregó que se han emitido las resoluciones por parte de cada uno de esos recursos, no solamente en el período, sino en períodos anteriores, y que, por términos procesales, han cerrado su instrucción respectiva.
Añadió que la CEGAIP sigue trabajando no solamente en esta parte sustantiva, sino también en la parte activa que corresponde al cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados.
“Se abrieron aproximadamente 47 procedimientos de verificación de manera oficiosa por parte de la Comisión, en relación a la falta de cumplimiento de sujetos obligados, por cuestiones de que es un procedimiento en el que hay participación, justamente, de los sujetos como parte”.
Afirmó que “hay organismos que no tienen la infraestructura administrativa precisamente para dar cumplimiento a este tipo de obligaciones, lo cual no los exime. Sin embargo, al tener esta falta administrativa de personal, a veces implica que estén en esta situación del incumplimiento de obligaciones”.
Asimismo, en el informe entregado se incluye que se emitieron más de 70 resoluciones con la aplicación de medidas de apremio para sujetos obligados, derivadas justamente de los procedimientos de verificación en materia de cumplimiento de obligaciones no cumplidas.
