- Por: Isabel Segura
Tras las denuncias públicas y formales por el presunto pago de salarios por debajo del mínimo legal a trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez, el Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió una carta oficial en la que el gobierno municipal se compromete a regularizar las percepciones salariales conforme a la ley.
El diputado Héctor Serrano informó que el oficio fue enviado por la presidenta municipal Avigail Izaguirre, en respuesta a una solicitud, y en él se establece que ya se instruyó al área de Recursos Humanos para garantizar que todos los trabajadores municipales reciban un salario no menor al mínimo vigente.
En el documento, el ayuntamiento reconoce la necesidad de acatar la legislación laboral y asegura que se tomarán las medidas necesarias para proteger el derecho al trabajo digno y al salario justo.
Además, se informó que el área jurídica atenderá las demandas laborales en curso, priorizando la conciliación y el respeto a los derechos humanos.
El caso cobró relevancia luego de que el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez presentara una denuncia ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señalando que desde hace varios años empleados municipales han recibido salarios muy por debajo de lo establecido por la ley federal.
Según el sindicato, durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025 se registraron pagos diarios de entre 80 y 200 pesos, cifra que no alcanza el salario mínimo general de 315.04 pesos diarios, lo que constituye una presunta violación a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado.
Ante esta situación, los trabajadores anunciaron que también presentarían la denuncia ante el Congreso del Estado y posteriormente ante la Fiscalía General del Estado, dependiendo de las respuestas de las autoridades.
El tema generó reacciones a nivel estatal, luego de que el gobernador de San Luis Potosí se pronunciara sobre la importancia de respetar los derechos laborales, mientras que el Congreso reiteró que revisará el caso y dará seguimiento para garantizar que el ayuntamiento cumpla con sus obligaciones legales.
